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Ley 32330: Adolescentes podrán ser juzgados como adultos por delitos graves

Redacción: Ruby Ramos

La reciente promulgación de la Ley 32330 ha generado un amplio debate en el país sobre cómo abordar la delincuencia juvenil sin vulnerar los derechos humanos.

Esta ley, que ha causado gran controversia, modifica los artículos 20 y 22 del Código Penal y permite que adolescentes de 16 y 17 años sean procesados como adultos en caso de delitos graves, como homicidio calificado, secuestro, extorsión, sicariato, violación sexual, trata de personas, terrorismo y narcotráfico.

El Poder Ejecutivo argumenta que esta norma responde al incremento de la criminalidad juvenil y busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado, ante la evidencia de menores de edad implicados en delitos graves.

Sin embargo, la ley ha sido duramente criticada por distintas instituciones. La Defensoría del Pueblo ha anunciado que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, al considerar que la norma vulnera derechos humanos fundamentales protegidos por la Constitución y tratados internacionales sobre niñez y adolescencia.

Asimismo, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial han expresado su rechazo, señalando que no se puede aplicar un régimen penal ordinario a menores de edad sin transgredir principios básicos del derecho penal juvenil.

“La ley no toma en cuenta las condiciones de desarrollo psicosocial de los adolescentes ni garantiza su reinserción social, que es el objetivo principal de la justicia juvenil”, declaró la Defensoría mediante un comunicado.

Por otro lado, algunos especialistas en derecho penal y derechos humanos advierten que esta medida podría tener efectos contraproducentes, al exponer a los menores al sistema penitenciario para adultos y reducir sus posibilidades de rehabilitación.

A pesar de la controversia, la Ley 32330 ya está vigente. Su aplicación práctica dependerá de cómo los jueces valoren cada caso, aunque el riesgo de vulnerar los principios de progresividad y protección especial a menores genera gran preocupación en el ámbito jurídico.