Policiales

¿QUIÉNES "LAVAN" DINERO MINERO EN NEGOCIOS Y BANCOS?

Por: Ramón Daniel Azabache Zelada

La masacre de trece vigilantes en Pataz no es un hecho aislado, sino el reflejo más crudo de una herida abierta: la minería ilegal en el Perú, particularmente en zonas como La Libertad, donde el Estado llega tarde, mal o nunca. Lo ocurrido debe sacudirnos como sociedad. Ya no hablamos solo de explotación informal, sino de estructuras criminales que desafían al Estado, capturan territorios y siembran muerte.

¿Qué hacer frente a esto? Primero, el gobierno debe reconocer que la minería ilegal ya no es solo un problema ambiental o económico: es un asunto de seguridad nacional. Se necesita una estrategia integral y sostenida, no operativos esporádicos que desarticulan campamentos hoy y los ven reaparecer mañana. Una fuerza de tarea especializada, articulada entre Policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía y Sunat, con presencia permanente en zonas críticas, es fundamental.

Además, urge cortar el flujo económico de estas mafias. No basta con destruir maquinaria; hay que rastrear las rutas del oro ilegal, fiscalizar a las comercializadoras y sancionar a quienes lavan dinero minero en ciudades y bancos. Los múltiples videos en las redes sociales muestra la ostentosa “riqueza” que se vive en Pataz, mientras la ciudad tiene necesidades primordiales. El gobierno también debe agilizar los procesos de formalización real para los mineros artesanales que sí desean cumplir la ley, separando a estos de quienes operan al margen con violencia.

La ausencia del Estado en lugares como Pataz ha dejado espacio para que las balas impongan su ley. No se trata solo de represión, sino de Estado presente: con justicia, inversión, alternativas productivas y servicios. El oro no puede seguir manchándose de sangre. Es hora de que el Perú, con decisión política firme, recupere su soberanía sobre su propio territorio. ¿Lo haremos o seguiremos contando muertos?